En España, el grado de discapacidad reconocido oficialmente no solo determina el acceso a ayudas sociales y beneficios fiscales, sino que también influye en la situación laboral y salarial de quienes lo poseen. En 2026, diversos estudios han revelado una brecha económica significativa: las personas con un grado de discapacidad entre el 33% y el 44% perciben hasta 3,000 euros más al año que aquellas con un grado superior al 65%.
¿Cómo se mide el grado de discapacidad?
El grado de discapacidad se establece mediante una valoración oficial que considera limitaciones físicas, sensoriales o intelectuales.
- Discapacidad moderada: entre el 33% y el 44%.
- Discapacidad severa: superior al 65%.
- Evaluación oficial: realizada por equipos médicos y sociales.
Diferencias salariales detectadas
Los datos muestran que:
- Quienes tienen entre el 33% y el 44% de discapacidad logran integrarse con mayor facilidad en el mercado laboral.
- Los salarios anuales de este grupo superan en promedio los 3,000 euros a los de quienes poseen más del 65%.
- La brecha se debe a la menor participación laboral de las personas con discapacidad severa y a las dificultades de acceso a puestos mejor remunerados.
Ejemplo práctico
Un trabajador con discapacidad moderada puede alcanzar un salario anual de 24,000 euros, mientras que otro con discapacidad severa, en condiciones similares, percibe alrededor de 21,000 euros. Esta diferencia refleja las barreras estructurales que aún persisten en el mercado laboral.
Factores que explican la brecha
- Acceso limitado a puestos de alta cualificación.
- Mayor discriminación hacia grados superiores.
- Menor jornada laboral en personas con discapacidad severa.
- Compatibilidad con ayudas sociales que reduce ingresos laborales directos.
Impacto social y económico
La brecha salarial por grado de discapacidad genera desigualdad y limita la autonomía económica de quienes tienen mayores limitaciones. Además, afecta la inclusión laboral y la percepción social de las personas con discapacidad severa.
Recomendaciones para reducir la brecha
- Políticas de inclusión más estrictas en empresas.
- Incentivos fiscales para contratar personas con discapacidad severa.
- Programas de capacitación adaptados a distintos grados.
- Supervisión estatal para garantizar igualdad de oportunidades.
Conclusión
La brecha salarial entre personas con discapacidad moderada y severa en España en 2026 evidencia la necesidad de reforzar políticas de inclusión laboral. Reducir estas diferencias no solo implica justicia social, sino también aprovechar el talento y la diversidad en el mercado de trabajo.
