En 2026, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) reiteró su rechazo al proyecto de ley contra estafas bancarias, aprobado en segundo debate legislativo. La iniciativa busca otorgar mayores facultades al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) para supervisar y sancionar a las entidades financieras, incluyendo la posibilidad de ordenar cierres en casos de incumplimiento.
Alcances del proyecto
El proyecto pretende reforzar la protección de los usuarios frente a fraudes digitales y estafas bancarias.
- Supervisión del MEIC sobre las entidades financieras.
- Facultad de sanción en casos de incumplimiento.
- Cierre de bancos como medida extrema.
Argumentos a favor
Los defensores del proyecto sostienen que es necesario fortalecer la seguridad financiera.
- Protección al consumidor.
- Prevención de fraudes.
- Mayor transparencia.
Rechazo de la ABC
La Asociación Bancaria considera que el proyecto invade competencias de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).
- Invasión de funciones.
- Riesgo de inestabilidad.
- Pérdida de confianza en el sistema bancario.
Impacto potencial
De aprobarse y aplicarse, el proyecto podría tener consecuencias relevantes.
- Incertidumbre en mercados.
- Fuga de capitales.
- Afectación a inversión.
Ejemplo práctico
Si un banco enfrenta un caso de fraude masivo, el MEIC tendría la facultad de intervenir directamente y ordenar su cierre. Esto podría proteger a los usuarios afectados, pero también generar un impacto negativo en la confianza de los clientes y en la estabilidad del sistema financiero.
Debate político y social
El proyecto ha generado un intenso debate en el Congreso y en la opinión pública.
- Partidos políticos divididos.
- Opinión ciudadana preocupada por sus ahorros.
- Discusión sobre regulación y autonomía institucional.
Conclusión
El proyecto contra estafas bancarias aprobado en segundo debate ha encendido la polémica en Costa Rica. Mientras sus defensores lo ven como una herramienta para proteger a los consumidores, la ABC advierte que podría generar inestabilidad y pérdida de confianza. El desenlace dependerá del consenso político y de la capacidad de equilibrar seguridad financiera con estabilidad institucional.
